Nota previa.- Jamás nos gustó El País y nos sigue sin gustar ya que en nuestra opinión no tiene nada más que un tipo de idelología, como está demostrando últimamente, que es el dinero. Por esa razón, por el dinero está comenzando a cambiar su línea editorial y empieza a decir verdades que hace tiempo debería haber dicho. Como muestra de ello publicamos un editorial de este periódico del domingo 30 de agosto de 2009.
El nuevo curso político comienza como terminó el viejo: en un ambiente de bronca permanente entre los dos grandes partidos, cuando mayor es la necesidad de medidas consensuadas que devuelvan la confianza. Y con un Gobierno muy debilitado, según las encuestas. Y sin aliados claros ni mucha posibilidad de reclutarlos, como en el pasado, a base de contraprestaciones con cargo a los Presupuestos. La crisis está siendo en España más profunda y de más lenta salida que en otros países. También fue mayor el crecimiento y la creación de empleo en la fase expansiva. Ése era el objetivo a mediados de los noventa: un crecimiento capaz de absorber un paro que doblaba la media europea. Se consiguió con un modelo productivo basado en sectores intensivos en empleo, con la construcción a la cabeza. Precariedad laboral e inmigración, con bajos salarios, alimentaron ese crecimiento; y el empleo dinamizó a su vez el consumo.
La otra cara de ese modelo era la pérdida de productividad, como había alertado Zapatero en vísperas de su primera victoria, en 2004. Pero la euforia del crecimiento hizo que el asunto pasase luego a segundo plano. Ahora, la crisis de ese modelo, con la pérdida de 1,3 millones de puestos de trabajo en un año, lo ha devuelto a los discursos. Pero la gravedad de esa cifra obliga a plantear medidas de emergencia, defensivas, en parte contradictorias con el objetivo de cambio de modelo: inversiones cuantiosas para sostener artificialmente empleos poco cualificados, y reforzamiento de la protección de los parados, lo que contribuye a aumentar el déficit público.
Zapatero se refirió el viernes a dos instrumentos para estimular la recuperación: la proyectada Ley de Economía Sostenible, que tiene que ver con el discurso del cambio de modelo; y los Presupuestos. Sobre esa futura ley, desconocida todavía, hace poco se supo que desde La Moncloa se habían pedido ideas a los ministerios para llenarla de contenido, lo que indica que no lo tenía; y lo adelantado el viernes por el presidente es un catálogo de lo repetido año tras año: esfuerzo en educación, inversión en I+D, simplificación administrativa. ¿Por qué debemos creer que ahora va en serio?
Los Presupuestos serán el marco para decidir qué política fiscal se va a aplicar. Admitió Zapatero que habrá subidas de impuestos, pero no reveló su alcance. Entre otras cosas porque está condicionado por las alternativas en materia de alianzas. CiU ha dicho que no apoyará unas cuentas con subidas tributarias; al revés que los posibles socios de izquierda, los más probables. El PNV, principal aliado hace un año, insinúa la posibilidad de negociar su apoyo a cambio de contrapartidas para Euskadi; pero ahora quien las capitalizaría sería Patxi López, lo que resta posibilidades a un nuevo arreglo.
Zapatero propone reiniciar el diálogo social, pero su ministro de Trabajo ya ha condicionado cualquier acuerdo a que la patronal "abandone su intransigencia". El propio Zapatero no parece muy convencido de que sea posible el pacto, pero tampoco se le ve muy dispuesto a actuar sin el aval sindical. Las medidas que hasta ahora ha adoptado han sido paliativas, como la de los 420 euros. Esto es un síntoma de la debilidad del Gobierno, que no puede arriesgarse a perder la legitimidad que le otorgan los sindicatos. Esa misma debilidad es un obstáculo para acuerdos con la oposición en torno a la educación o la política energética, como propuso Zapatero, pero también sobre la reforma de la justicia, por ejemplo. Porque podrían comprometer los apoyos de la izquierda y los sindicatos. Y porque el PP tampoco parece muy interesado: prefiere que el paro abrase a Zapatero. De ahí el escepticismo de la opinión pública ante lo que la política pueda hacer contra la recesión y sobre las capacidades de este Gobierno para llevar adelante semejante tarea.
